La población de origen africano en nuestro país ha tenido una visibilización paulatina en la escena pública como resultado de la movilización política que ha llevado a cabo en los últimas décadas, cuya demanda principal gira en torno a su reconocimiento constitucional como un grupo culturalmente diferenciado en el marco de la nación mexicana. En torno a este proceso se han dado pasos significativos, por ejemplo, su inserción como sujeto de derecho en algunas constituciones locales: la de Oaxaca, Guerrero y recientemente en la de la Ciudad de México. Sobre todo en los dos primeros estados esto deriva en el diseño de políticas institucionales específicas que marcan la pauta de inicio para la búsqueda de mejorías en sus condiciones de existencia.

La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra la cantidad de 1,381, 853 personas que se reconocen afrodescendientes, y son ocho los estados en donde tienen una mayor presencia: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León y Jalisco (CNDH, 2016: 35). Son los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz las entidades de la república que porcentualmente tienen una mayor presencia de la población de origen africano.

La producción académica, sobre todo la antropología y la historia, ha dedicado sus esfuerzos analíticos hacia este sector de la población desde hace aproximadamente dos décadas, lo cual propició que los estudios sobre población afromexicana sea un campo en crecimiento, aunque, cabe destacar que dicho crecimiento no empata con las pesquisas sobre poblaciones indígenas, las cuales son aún mucho más numerosas.

Aún con ello, ahora contamos con investigaciones que nos permiten conocer con profundidad sus aportaciones históricas para la dinámica social y cultural en Nueva España y más tarde México, así como con etnografías de gran calado con las que podemos tener un acercamiento más puntual a sus formas de vida contemporáneas y las problemáticas que enfrentan como la pobreza, marginación, racismo, pero también elementos culturales que solidifican su tejido social.

Los estudios sobre la población de origen africano en el ámbito antropológico fueron inaugurados con los textos: “La población negra en México: un estudio etnohistórico” (1989) y Cuijla: Esbozo etnográfico de un pueblo negro de Gonzalo Aguirre Beltrán (1989), a mediados del siglo XX. Gracias al trabajo etnográfico y de archivo, Aguirre documentó ampliamente la importante presencia de personas “negras” y mulatas en el periodo colonial, así como sus importantes contribuciones para la economía de la época. De igual manera, pudo dar cuenta de la sociedad de Cuijla (Cuajinicuilapa, Guerrero) registrando las formas de vida, organización política y comunitaria, así como el sistema de creencias compartido entre aquellas personas. El legado de Aguirre es fundamental para los estudios de la región que ahora conocemos como la Costa Chica, ubicada en la franja costera entre Acapulco (Guerrero) y Huatulco (Oaxaca), zona que alberga al mayor número de población afrodescendiente en el país.

A partir de la década de los setenta, algunos investigadores realizaron significativas aportaciones sobre este sector de la población mexicana, en particular en lo relativo a la música y la tradición oral (Stanford, 1977; Gutiérrez; 1986; Moedano, 1988, 1992). Desde fines de los ochenta, pero sobre todo en la década de los noventa el espectro de investigaciones se ha diversificado, tanto por las pesquisas realizadas por investigadores de distintas adscripciones institucionales, así como jóvenes estudiantes de licenciatura y posgrado, cuyas temáticas de indagación nutren cada día más esta línea investigativa. Si bien el mayor número de análisis se realizan en la Costa Chica, cabe señalar que también se desarrollan en Veracruz, así como en Coahuila, entre la población de la “tribu de los negros mascogos”.

De esta manera, contamos hoy con e